Adjuntamos el Real Decreto Ley de 5/2018, de 27 de julio de de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. BOE-A-2018-10751-consolidado.

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), es plenamente aplicable en España desde el pasado 25 de mayo.

El Reglamento General de Protección de Datos supone una profunda modificación del régimen vigente en materia de protección de datos personales, no sólo desde el punto de vista sustantivo y de cumplimiento por los sujetos obligados, sino particularmente en lo que afecta a la actividad de supervisión por parte de las autoridades de control que el mismo regula.

Además, la plena aplicación del Reglamento General de Protección de Datos implica que hayan de considerarse desplazadas por él aquellas disposiciones de Derecho interno que no resulten conformes con el régimen que el mismo establece. Así sucedería con muchos de los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Por otra parte, numerosos preceptos del reglamento europeo se remiten a su desarrollo, obligatorio o potestativo, por los Estados miembros, conteniendo un total de cincuenta y seis remisiones a los ordenamientos nacionales. De entre estas remisiones, el reglamento impone a los Estados miembros, entre otras cuestiones, la regulación del estatuto de las autoridades de control, la determinación del régimen aplicable a los inspectores de un tercer Estado que lleven a cabo actividades conjuntas de investigación o la designación de la autoridad que representará al Estado miembro en el Comité Europeo de Protección de Datos.

Otras disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos exigen una adecuación del Derecho interno, aun cuando no exista una remisión directa y expresa al mismo. Así, si bien el reglamento europeo establece un régimen sancionador en que se tipifican las conductas típicas, no regula cuestiones tan esenciales como los plazos de prescripción de dichas infracciones, al considerar que dicha cuestión corresponde al ordenamiento de los Estados Miembros. Del mismo modo, establece un procedimiento de cooperación entre los Estados miembros en los supuestos de tratamientos denominados transfronterizos, con la participación de todas las autoridades implicadas, pero no regula el modo en que el Derecho interno de los Estados habrá de verse afectado como consecuencia de los trámites previstos en la propia norma europea para estos procedimientos.

La necesidad de adaptar el marco normativo interno al Reglamento General de Protección de Datos supuso la aprobación por el Consejo de Ministros en su sesión de 10 de noviembre de 2017 de un proyecto de ley orgánica, remitido a las Cortes Generales, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.

Teniendo en cuenta lo anterior, y sin perjuicio de que los aspectos que configuran el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal hayan de incorporarse a una ley orgánica, el objeto de este real decreto-ley parece ceñirse, según consta en el Preámbulo de esta norma, a la adecuación de nuestro ordenamiento al reglamento europeo en aquellos aspectos concretos que, sin rango orgánico, no admiten demora y debe entenderse sin perjuicio de la necesidad de una legislación orgánica de protección de datos que procure la plena adaptación de la normativa interna a los estándares fijados en la materia por la Unión Europea a través de una disposición directamente aplicable

En el presente post exponemos brevemente la interesante y recentísima Sentencia del Tribunal Supremo (STS), Sala 3ª, Sec. 1ª, de fecha 10 de julio de 2018, nº 1174/18, nº rec. 1548/17.

Ante la Sección Tercera de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se siguió un Recurso Contencioso administrativo promovido por las entidades Alianza y Barros, S. A., Pompas Fúnebres Pontevedra, S. L., Central Funeraria, S. L. y Tanatorio Montecelo, S. L., en el que ha sido parte demandada la Junta de Galicia y codemandadas las entidades HCC Europe y Zurich Insurance PLC, contra la Resolución de 15 de diciembre de 2011 dictada por la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Junta de Galicia, que inadmitió por prescripción la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por los daños y perjuicios derivados de la Sentencia nº 452/1997, de 8 de mayo, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Dicho Tribunal dictó Sentencia con fecha 14 de diciembre de 2016 desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por  las citadas entidades contra la inadmisión por prescripción de su reclamación por Responsabilidad Patrimonial en la referida resolución de 15-12-2011 de la Consellería mencionada.

Contra dicha Sentencia (14-12-2016) las entidades interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo, consistiendo la cuestión planteada en el recurso de casación determinar “El dies a quo del cómputo del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial por anulación mediante sentencia de acto administrativo, cuando la ejecución de la sentencia implica la demolición de lo construido“; siendo la norma objeto de interpretación “los artículos 139.2 y 142.4 y 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común “.
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 10 de julio de 2018, finalmente ha resuelto confirmando la interpretación realizada por la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, considerando como interpretación más acertada de los artículos 139.2 , y 142.4 y 5 de la LRJPA —en los supuestos en los que la ejecución de la sentencia implica la demolición de lo construido— la que señala que, como regla general, debe ser la fecha de la firmeza de la sentencia anulatoria del acto o disposición impugnados la que determina el inicio del plazo anual previsto para la reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de tal anulación , sin que pueda ser considerada como tal la fecha de la demolición del inmueble construido al amparo del acto o disposición impugnado.

 

Esta es, por tanto, la doctrina jurisprudencial que, con carácter general, resulta procedente establecer y, por ende, aplicar.

De conformidad con la anterior doctrina, el Tribunal Supremo ha declarado no haber lugar al recurso de casación deducido por las citadas entidades, pues fue mediante la STS dictada el 26 de diciembre de 2001 devino firme la Sentencia 452/1997, de 8 de mayo, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia , que determinó la nulidad de la licencia concedida para la construcción del inmueble. Por ello la reclamación formulada en fecha de 27 de mayo de 2011 es extemporánea al haber transcurrido, en el momento de su presentación, el plazo de un año desde que se dictó la sentencia definitiva que anuló la licencia de la que trae causa la reclamación (artículo 142.4 de la LRLPA), sentencia que ya permitía conocer la existencia y el alcance del daño que se reclama y posibilitaba iniciar el cómputo del plazo de prescripción con arreglo al citado precepto, pues, ya en ese momento, los recurrentes conocían que la anulación de la licencia era firme e irrevocable y debía procederse a la demolición de lo realizado a su amparo.

El artículo 219 de la Ley de Enjuciamiento Civil establece:

1. Cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero determinada o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, no podrá limitarse la demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse también la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sentencia, o fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética.

2. En los casos a que se refiere el apartado anterior, la sentencia de condena establecerá el importe exacto de las cantidades respectivas, o fijará con claridad y precisión las bases para su liquidación, que deberá consistir en una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución.

3. Fuera de los casos anteriores, no podrá el demandante pretender, ni se permitirá al tribunal en la sentencia, que la condena se efectúe con reserva de liquidación en la ejecución. No obstante lo anterior, se permitirá al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando ésa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un pleito posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades.

La Audiencia Provincial de Madrid ha expuesto en numerosas sentencias el contenido y alcance de este precepto, siendo especialmente didáctica la SAP Madrid, sec. 21ª, de 31-3-2009, nº 168/2009, rec. 232/2007, cuya explicación pasamos a resumir.

En la anterior y ya derogada Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, al regularse el modo y forma en que habían de dictarse las sentencias, su artículo 360 disponía que: “Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o se establecerán, por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación” (párrafo 1º). “Sólo en el caso de no ser posible ni lo uno ni lo otro se hará la condena a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia” (párrafo segundo y último). Este precepto fue objeto de una doctrina jurisprudencial que admitía diferir, con un criterio muy amplio, la cuantificación del crédito para la fase de ejecución de sentencia, siempre que se hubiera declarado su existencia en la sentencia.

La vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) , en su Exposición de Motivos (apartado IX) establece que: “Importantes resultan también las disposiciones sobre sentencias con reserva de liquidación, que se procura restringir a los casos en que sea imprescindible (…)”.

Y el vigente artículo 219 de la LEC se regulan las sentencias con reserva de liquidación. Se parte del supuesto de un juicio en el que se reclame el pago de una cantidad de dinero determinada o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase. En este supuesto, se establece, para el demandante, la prohibición absoluta de que limite su demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos (la cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos), imponiéndole la exigencia de que, además, solicite también la condena a su pago. Y, respecto de esta última pretensión (la de condenar a su pago), se establece, como regla general, la prohibición de reservar la liquidación o cuantificación del crédito que se reclama, para un momento posterior a la sentencia. De ahí que, se exija al demandante que en el escrito de demanda cuantifique exactamente el importe del crédito que reclama, y al Tribunal se le impone la necesidad de establecer, en la sentencia de condena, el importe exacto de la cantidad a satisfacer por el demandado.

Esta regla general sólo tiene dos excepciones en las que se permite reserva la liquidación o cuantificación del crédito que se reclama para un momento posterior a la sentencia.

En la primera de las excepciones, se permite que la liquidación o cuantificación del crédito se haga en el proceso de ejecución de la sentencia de condena firme. Para ello es imprescindible que, en el proceso declarativo en el que se ha dictado la sentencia de condena firme, estén fijadas claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética. Permitiéndose al demandante que, en su escrito de demanda, en lugar de cuantificar exactamente el importe reclamado pueda fijar claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación de forma que ésta consista en una pura operación aritmética. Y autorizándose al Tribunal para que, en la sentencia de condena que dicte, en lugar de establecer el importe exacto de la cantidad a satisfacer por el demandado fije con claridad y precisión las bases para la liquidación, que deberá consistir en una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución; en estos casos, dentro del proceso de ejecución, el procedimiento de liquidación aparece regulado en los artículos 712 (“se procederá del modo que ordenan los artículos siguientes siempre que, conforme a esta Ley, deba determinarse en la ejecución forzosa el equivalente pecuniario de una prestación no dineraria o fijar la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase….”) a 720 de la LEC . En los que, a los efectos de las sentencias de condena con reserva de liquidación, se contemplan dos cauces procedimentales: el primero (arts. 713 a 716 ) para las indemnizaciones de daños y perjuicios y el segundo (arts. 718 y 719 ) para la determinación de la cantidad que se deba en concepto de frutos, rentas, utilidades productos de cualquier clase.

En la segunda de las excepciones se permite que la liquidación o cuantificación del crédito se haga en un proceso declarativo (ordinario o verbal) posterior a la sentencia de condena firme. Supuesto permitido en el apartado 3 del artículo 219 al decir que: “…se permitirá al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando ésa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un pleito posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades”.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a 7 meses de prisión y 350.000 euros de multa al Administrador Único de dos empresas por no declarar unas ventas y, consecuentemente, no abonar la correspondiente cuota del impuesto de sociedades.

El Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander consideró a este empresario autor de un delito contra la hacienda pública, pero le absolvió de otros tres delitos de los que le venían acusando tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria. Finalmente, la Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado dicha sentencia de primera instancia.

Según los hechos probados en sede judicial, el condenado era administrador único de dos empresas: una cuya actividad era la fabricación de grúas y otra que se encargaba del montaje de las grúas, teniendo esta última empresa como único proveedor a la primera. En el ejercicio 2004, la empresa de montaje declaró haber vendido 60 grúas por un importe de 1,14 millones de euros, mientras que la empresa de fabricación de grúas declaró la venta de 32. La empresa de fabricación, por tanto, no declaró la venta de 28 grúas valoradas en 1 millón de euros, por lo que la cuota que dejó de ingresar en concepto de impuesto de sociedades ascendió a 350.000 euros.

La sentencia del tribunal de apelación viene a confirmar la condena del Administrador Único, condenándole, además de a una pena de 7 meses de prisión, a pagar a la Administración Tributaria una indemnización de 350.000 euros, de la que subsidiariamente responderá la empresa de la que el acusado era administrador.

Contra esta sentencia de la Audiencia Provincial no cabe recurso ordinario alguno.

SUBIR